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«Actúa, cambia una vida». Amnistía Internacional

por Cristina de León

Hoy, como cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para recordarnos el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas que conforman las naciones y pueblos del mundo.

Hoy es un día en el que todos los activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional, de todos los rincones del mundo, realizarán unas serie de acciones (firmarán peticiones, escribirán cartas, organizarán actos y enviarán tuits) encaminadas a pedir, entre otras cosas, juicios justos y que mejoren las condiciones de reclusión de personas que están sufriendo abusos brutales contra los derechos humanos, como detención arbitraria o tortura. Se trata de la campaña anual “Actúa, cambia una vida).

Esta acción internacional tuvo su origen en Polonia en 2001, desde ese momento, se ha conseguido que personas que han sido focos de campañas, hayan sido puestas en libertad y en otros casos, han visto mejorar su situación considerablemente. La campaña también impulsó a la iniciación de diversas investigaciones sobre decenas de encarcelamientos injustos, casos de torturas y otros abusos contra los derechos humanos.

Es cierto, que las autoridades pueden hacer caso omiso a un correo o carta aislada, pero no pueden pasar por alto millones de campañas como ésta. Campañas como ésta demuestran que la suma de miles de acciones individuales puede cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas cuyos derechos humanos están en riesgo.

En España, el pasado 8 de diciembre, salieron a la calle, activistas de al menos 60 ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Albacete, Jaén, Granada, Tenerife o Valencia, para manifestar tres casos, de tres reclusos, con algo en común, todos sufrieron tortura y malos tratos durante su reclusión. En sus movilizaciones se pide:

  • La liberación de Erkin Musaev, funcionario de Naciones Unidas en Uzbekistán, acusado de espionaje, y condenado a 20 años de prisión tras 3 juicios injustos, en los que se admitieron como prueba, confesiones conseguidas bajo tortura.
  • La conmutación de la pena de muerte de Moses Akatugba, nigeriano detenido cuando tenía 16 años como sospechoso de un atraco a mano armada, algo que él afirma no haber cometido. Pasó tres meses bajo custodia policial y confesó tras haber sido brutalmente torturado. Ha sido condenado a muerte.
  • La excarcelación de Chelsea Manning, una soldado estadounidense que se halla cumpliendo una condena de 35 años de prisión por haber filtrado material reservado del Gobierno al sitio web Wikileaks. Sus condiciones de reclusión han sido calificadas por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura como crueles e inhumanas.

Logros alcanzados a través de campañas en 2013

En el 2013, activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo, emprendieron más de 2,3 millones de acciones individuales, consiguiendo que se pusiera en libertad a tres activistas en Camboya y Rusia, debido a las miles de cartas y peticiones que recibieron las autoridades, de todo el mundo.

Una de ellas fue Yorm Bopha, encarcelada en 2012 por protestar contra los desalojos forzosos que se llevaban a cabo en su comunidad en Camboya. Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko también quedaron en libertad en 2013 y en 2014 tras la presión promovida por Amnistía Internacional. Habían sido acusados de participar en “disturbios masivos” por haberse manifestado pacíficamente en la plaza Bolotnaya de Moscú en mayo de 2012.

Hoy, la Convención contra la Tortura cumple 30 años.

Hoy 10 de diciembre, además coincide con el 30 aniversario de la aprobación de Naciones Unidas de la Convención Contra la Tortura. A pesar del avance innegable que supuso, Estados de todo el mundo todavía detienen y torturan a persona para obtener falsas confesiones, porque supuestamente han cometido un delito, o eso se piensa.

Lamentablemente, en este aniversario, Amnistía Internacional tiene que seguir denunciando cómo muchos Gobiernos han traicionado sus compromisos para acabar con la tortura. La tortura sigue viva, en algunos países de forma habitual y sistemática, y en otros en casos aislados.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países. Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En 2014, en al menos 79 de ellos siguen apareciendo casos de tortura. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.

Amnistía Internacional pide a los Gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.

Vuelve en 2014 a perderse la oportunidad de no poder controlar el uso de la tortura en España

Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, se siguen perdiendo oportunidades para que las víctimas de tortura sean protegidas” manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional sigue denunciando la existencia del régimen de incomunicación para personas acusadas de “terrorismo”, lo que propicia este tipo de prácticas; malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones; o las devoluciones o extradiciones de personas a sus países de origen sin tener en cuenta si pueden tener riesgo de sufrir malos tratos o tortura a su regreso. Esta situación podría agravarse con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está a punto de aprobarse en el Parlamento y que puede legalizar las “expulsiones en caliente”.

Sólo en 2014, se ha perdido la oportunidad de controlar el uso de la tortura en España:

En la última reforma del Código Penal, no se ha tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.

Los sucesivos Gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, no son a través de mecanismos independientes, y en muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables. Algo que se obstaculiza aún más en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Y por su parte, el actual Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito tampoco menciona a las víctimas de delitos de tortura o malos tratos, no establece mecanismos de reparación para este tipo de víctimas, y no contempla ayudas públicas para su recuperación y rehabilitación.

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