Aumenta el porcentaje de familias con problemas económicos en España

La Fundación Foessa, de Cáritas, transmite hoy los resultados de la encuesta privada realizada sobre la pobreza en España. Un estudio que efectúa desde hace siete años, y esta vez, abarcando la cifra de 8.800 familias participantes.

Las conclusiones recogidas en el “VII Informe sobre Pobreza y Exclusión Social en España” que permite observar los cambios vividos por los españoles en estos tiempos de crisis, son inquietantes. Por un lado, se afirma que el porcentaje de familias afectadas por problemas de pobreza monetaria y de recursos ha aumentado un 48% en los últimos seis años, y por otro lado, que una de cada tres personas, ha conseguido escapar de la crisis.

El estudio abarca 700 páginas, realizado por nada menos que 90 investigadores, los cuales analizan la situación de las familias, niveles de renta etc, y sacan diversas conclusiones, que veremos a continuación:

• La población excluida en España asciende al 25,1% y afecta a 11.746.000 personas. De los cuales, 5 millones se encuentran en situación de exclusión severa. (La población excluida ha pasado del 16,3% al 25,1%).
• Las familias que tienen hijos se ven más afectada en la actualidad, cuanto más grande es la familia, más vulnerables son. El 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos. La crisis ha aumentado la cifra, casi un 50% de pobreza monetaria y material en los hogares. (pasando de los 2.580.000 que sufrían carencias en 2007 a 3.820.000 en la actualidad).
• El 34% de los españoles está excepto de carencias. Una cifra bastante baja y que además se ha visto reducida en los últimos años. Hay que tener clara la valoración que hace Foessa sobre el concepto de vivir sin dificultades económicas ni carencias materiales. Agunos de los 35 factores que tienen en cuenta son: “Tener trabajo, poder pagar la vivienda sin problemas, mantenerla caldeada en invierno, tener lavadora y móvil, comer carne o pescado cada dos días”. En la actualidad solo una de cada tres personas que residen en España cumple con estos patrones de vida, mientras que en 2007 la cifra era de 50%.
• Otro dato que se refleja en el estudio, es que los más favorecidos van a mejor, mientras que los desfavorecidos a peor. “La crisis ha sido selectiva” afirma el coordinador del informe, Francisco Lorenzo. El 10% más pobre ha visto bajar su renta entre un 10% y 12% en toda España mientras que el rico ha mantenido sus rentas durante la crisis o incluso ha mejorado ( en escasas CC.AA ha bajado su renta solo en un 5%).
• Respecto al trabajo, se afirma que el 15% de los excluidos socialmente en el país tienen trabajo. Sin embargo, los empleos que se han creado en la época de crisis son trabajos precarios, no están suficientemente remunerados, porque no permiten alcanzar los estándares de vida óptimos para salir de la situación de pobreza.
• Respecto a la generación denominada ni-ni (ni estudian ni trabajan) en España alcanza la cifra del 27% de la juventud.
• La investigación confirma que los recortes agravan la situación. Los recortes en sanidad, educación y protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso cada vez más restrictivas.
• Foessa afirma que el mero crecimiento económico no consigue hacer disminuir las desigualdades. De hecho, aseguran que dos de cada tres excluidos lo era ya con anterioridad, cuando España vivía fuera de la crisis.
• En cuanto a la familia, el informe afirma que llama la atención el hecho de que los familiares mayores hayan pasado de “ser cuidados” a reforzar su papel “como cuidadores”. Su apoyo a la unidad familiar se ha convertido en la fuente se seguridad para el resto de los familiares, gracias a la pensión de estos, por ejemplo.

Cáritas por su parte ratifica su apuesta por “reconocer la realidad” para transformarla y espera con su informe sacar de “la sombra” la situación que vive España. Sebastián Mora, secretario general afirma que “entre las claves de la mejora están eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, desarrollar políticas de familias con recursos suficientes, considerar el gasto social como inversión social y elaborar una garantía de mínimos para conseguir que la protección social alcance los estándares básicos en todo el territorio”.