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Trabajadores sociales exigen al Gobierno regional cambios radicales

por Cristina de León

Esta semana, hemos podido leer en los diarios de ámbito nacional esta noticia. Que como no podía ser de otra forma, he querido compartir con todos ustedes.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla- La Mancha ha recogido hasta 300 medidas, en un documento, con el objetivo de hacerle ver a la nueva Consejería de Bienestar Social que “hay mucho por hacer, muchos planes que elaborar, muchas normativas que desarrollar y bastantes cosas que reconstruir… en materia de servicios sociales”.  Este gremio parte del hecho de que, tal y como han venido denunciando, el 89% de los recursos existentes en este sector se han suprimido o recortado en los últimos cuatro años. Sus propuestas están encabezadas por el estricto cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, 2010, que apenas ha tenido desarrollo normativo y se ha incumplido casi en un 100%“.

Para el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla- La Mancha, Javier Sánchez Morcillo, los servicios sociales, en los últimos cuatro años, han estado “totalmente abandonados económica, estratégica y humanamente, hasta el punto de vulnerar los derechos humanos sociales más elementales de muchas personas y agredir reiteradamente la dignidad de cientos de miles familias empobrecidas”.

Por ello, el documento que difunde este colectivo profesional se ha elaborado a partir de una revisión artículo por artículo de la Ley de Servicios Sociales, de un análisis punto por punto del programa electoral del PSOE en materia de servicios sociales y de la relectura de los 13 puntos del pacto de los socialistas con Podemos para la investidura de Emiliano García-Page. Con esos datos, recuerda que antes del próximo 23 de diciembre se debería haber elaborado por la Consejería de Bienestar Social y aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla- La Mancha, una decena de medidas.

Las primeras de ellas son el Plan de Calidad de Servicios Sociales, tras una revisión en profundidad de todas las Direcciones Generales de sus centros, programas y servicios de todo tipo; el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2016- 2019, que oriente con claridad qué quiere hacer el Gobierno regional en esta materia en los próximos cuatro años; o el Plan de de Lucha contra la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha, que evite miles de desahucios anuales.

Los trabajadores sociales también exigen antes de 2016 un decreto de urgencia por el que el Ingreso Mínimo de Solidaridad permita atender a personas en situación de pobreza económica y no solo a familias en exclusión social, así como un diagnóstico de la situación de los Servicios Sociales en la región e indicadores de gestión de todas las áreas de actividad entre 2010 y 2015, que se hagan públicos.

Ayuda a domicilio, servicios sociales en atención primaria y regulación de la Urgencia Social:

Un nuevo modelo de prestación del servicio de ayuda a domicilio donde la Junta preste de forma directa el servicio en todos los municipios menores de 3.500 habitantes (PRAS) es también cuestión urgente para estos trabajadores. Añaden igualmente la necesidad de triplicar los profesionales de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria que permitan atender dignamente y con un plan de atención social profesional a las cientos de miles de familias que se prevén acudirán a los servicios sociales básicos en busca de una renta mínima de inserción.

Finalmente, entre este bloque de medidas, incluyen la regulación de la Urgencia Social en todas las áreas de actuación de la Consejería; un Borrador del Catálogo de Prestaciones, para someter a opinión y participación pública; y contemplar los Servicios Sociales como una inversión social y un gran yacimiento de empleo que puede generar más de 50.000 empleos con un bajo coste para la Junta.

Para Sánchez Morcillo, es el momento de atender a las casi 300.000 familias empobrecidas de la región que requieren una atención social básica a través de unos servicios sociales de atención primaria “prácticamente desmantelados” por el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal, y convertidos “en poco más que mera caridad y beneficencia”.

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